ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 57º período de sesiones – Julio-Agosto 2005 Tema 5 del programa provisional Orador: Jaime Valdés

Señor Presidente:

Los discursos y las celebraciones no llegan a ocultar el hecho de que a escala internacional persiste esencialmente la tendencia histórica al desconocimiento de los derechos y a la exclusión de los pueblos originarios. Esto quedó demostrado una vez más con la falta de voluntad política de los Estados para aprobar en el decenio pasado la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas.

En las sociedades americanas existe un desprecio generalizado e institucionalizado hacia los pueblos indígenas; acompañado por la usurpación de sus territorios, recursos naturales y conocimientos científicos.

Las legislaciones nacionales y reglamentaciones se inspiran en el modelo individualista occidental impuesto por la fuerza y no representa ni salvaguarda los intereses y las particularidades de los pueblos originarios; más bien los discriminan, invisibilizan e intentan su asimilación total o sencillamente promueven su extinción.

La lucha de los pueblos originarios en defensa de sus territorios y sus derechos es criminalizada y reprimida por los Estados. Sin embargo, los pueblos se han sobrepuesto a estos obstáculos y a la conspiración del silencio y son un ejemplo en la búsqueda de alternativas más justas a la globalización neoliberal.

Poco o nada se ha avanzado en saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas, más bien se está retrocediendo a través de la imposición de un mundo unipolar y la globalización económica. Las grandes corporaciones transnacionales, amparadas por las elites gobernantes, han comenzado un proceso de recolonización de los territorios indígenas y de los pueblos americanos. Los gobiernos siguen al pie de la letra las normas establecidas por el poder transnacional, el FMI, el BM, y la OMC. Empresas petroleras, mineras, farmacéuticas, forestales, turísticas, pesqueras…. continúan con la apropiación de territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas poniendo en peligro la supervivencia de importantes poblaciones.

El Plan Puebla Panamá, el Plan Colombia, la creación de bases militares estadounidenses, como en la Triple Frontera, en Paraguay, las tentativas, hasta ahora frustradas de establecer el Área de Libre Comercio para Las Américas (ALCA) y sus variantes regionales, los denominados tratados de libre comercio (TLCs) promovidos por los Estados Unidos y otros países industrializados, amenazan también el futuro de los pueblos.

Los profundos problemas que aquejan a los pueblos indígenas no podrán solucionarse a través de la redacción de informes, declaraciones de nuevos decenios, establecimiento de grupos de trabajo o instancias similares mientras no se plantee una estrategia permanente en defensa de sus derechos colectivos. Tampoco se podrán solucionar los conflictos mientras no se cuente con un instrumento internacional y sean los pueblos originarios quienes decidan su propio destino.

Sr. Presidente:

En el reciente Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (18 a 22 de julio pasado en Ginebra) el representante del Gobierno chileno se vanagloriaba de los avances en materia indígena. Cito textualmente parte de su intervención “…los sucesivos gobiernos en Chile han asumido un compromiso permanente y estable en relación a las legítimas demandas de nuestros pueblos originarios”, “…. reconocer su identidad y contribuir a su desarrollo social y preservación de su cultura. Se han adoptado distintas medidas para satisfacer las demandas de los pueblos indígenas, dentro de un marco de respeto a los derechos y garantías reconocidas constitucionalmente y por los instrumentos internacionales …..y rechazando categóricamente el uso de la fuerza y violencia como medio para obtener beneficios”

Pero la verdad es que el Estado chileno no ha cumplido con el compromiso adquirido con la comunidad internacional de reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, no ha ratificado el convenio 169 de la OIT, ha sido acusado reiteradamente de violar la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ha desatendido las numerosas protestas y recomendaciones de la comunidad internacional y de las instancias de Naciones Unidas como la Oficina de la Alta Comisionada, el Relator Especial sobre Poblaciones Indígenas y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que abogan por el respeto de los derechos humanos de los pueblos originarios.

En Chile el Estado, en complicidad con el poder transnacional y por quienes ostentan el poder, promueve todo tipo de prácticas para detener y controlar cualquier forma de disidencia o reivindicación que cuestione y se oponga al modelo económico. En este contexto la lucha del pueblo mapuche ha sido fuertemente reprimida como lo demuestra la violencia ejercida contra las manifestaciones pacíficas por la libertad de los prisioneros políticos mapuche, los centenares de detenciones y procesos judiciales contra comuneros y autoridades tradicionales, la decena de presos políticos y un número considerable de personas que deben vivir en forma clandestina perseguidos por el hecho de reivindicar sus derechos como pueblo.

La tortura, el maltrato físico; incluso a niños, niñas, ancianos y personas con impedimentos físicos; la militarización de los territorios mapuche, el hostigamiento permanente por las fuerzas policiales a las comunidades; acompañada de una desmesurada violencia es parte de la vida cotidiana en los territorios en conflicto. El asesinato de dos jóvenes mapuche: Alex Lemún (noviembre del 2002) y Zenón Díaz Necul (mayo del 2005) continúan en la impunidad y sus autores están en libertad, al igual que los asesinos de más de 3.600 chilenos durante el período de la Dictadura Militar -incluyendo al Dictador Agusto Pinochet- contradicen seriamente las aseveraciones del Gobierno de Chile.

En Chile se utilizan leyes de excepción para destruir el movimiento mapuche como es el uso de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista (Nº 18.314) impuesta durante la Dictadura Militar en 1984. Ley que ha sido categóricamente repudiada por la comunidad internacional. La Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco Malleco (CAM), organización que reivindica el derecho de autodeterminación, recuperación de los territorios usurpados y promueve un proceso de reconstrucción como pueblo, ha sido perseguida a través de los más sofisticados métodos. El Subsecretario del Interior, Jorge Correa, indicaba en el 2004 que se ha realizado durante dos años “una exitosa y sistemática labor de inteligencia policial denominada Operación Paciencia para pacificar los territorios del sur”. Esta “operación” tenia como objetivo fundamental, destruir el movimiento autónomo mapuche.

El 21 de julio pasado concluyó el segundo juicio por “Asociación Ilícita Terrorista” contra la Coordinadora Arauco Malleco. El fallo del Tribunal Oral en lo Penal de la Ciudad de Temuco, liberó por segunda vez consecutiva a los seis imputados. Tres de ellos tendrán que continuar en las cárceles chilenas ya que se les ha aplicado anteriormente y han sido condenados por la Ley Antiterrorista por los delitos de “Amenaza Terrorista e Incendio Terrorista” que contempla una condena de 5 y 10 años y un día, respectivamente. En el primer juicio por Asociación Ilícita Terrorista, realizado en octubre del 2004, el tribunal de Temuco absolvió a los imputados por los mismos cargos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia chilena, violando todo principio de imparcialidad, anuló el fallo y emitió criterios destinados a condenar a los acusados.

Sr. Presidente:

La Subcomisión, como órgano de expertos independientes, debería buscar y proponer los mecanismos adecuados para condenar y detener el empeño de las empresas transnacionales en el saqueo de las riquezas y en el exterminio de los pueblos originarios. También debería buscar y proponer los mecanismos apropiados para regular sus operaciones de tal manera que no comprometan la supervivencia y el desarrollo futuro de estos pueblos. En este mismo contexto, debería pronunciarse, en forma categórica y enérgica contra la represión de los estados argentino y chileno contra el pueblo mapuche y por la libertad incondicional de todos los perseguidos, prisioneros y condenados políticos.

Muchas gracias.

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Asociación Internacional Contra la Tortura Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 57º período de sesiones – Julio-Agosto 2005

Tema 5 del programa provisional

Oradora: Iratxe Urizar

Señor presidente:

Somos la organización mapuche Meli Wixan Mapu que desarrolla su trabajo en la capital del Estado de Chile. Desde esta ciudad nos es necesario nuevamente denunciar al Estado Chileno en su afán de criminalizar la legítima aspiración de nuestro pueblo por recuperar sus derechos culturales, religiosos, territoriales y políticos. Son muchos los ejemplos de la sistemática persecución que sufren nuestros hermanos y muchos los éxitos, lamentablemente, de la política del abrazo y el garrote por parte del estado chileno, ya que por un lado se vanagloria del apoyo que entrega a los pueblos indígenas y por el otro, menos publicitado, no duda en recurrir a leyes heredadas de la dictadura del General Pinochet para inculpar a nuestros hermanos.

No podemos dejar de mencionar la nula atención que han tenido las demandas de un importante sector de los pueblos indígenas por el reconocimiento constitucional de nuestra existencia. Debemos mencionar además, que en Chile se nos niega ese derecho pese a ser los indígenas, según los censos oficiales del año 1992 y del año 2002, cerca del 7% de la población. De ellos, unos 700.000 somos mapuche. Es este mismo 7% que tampoco ha tenido respuesta a la exigencia de ratificación por parte del Estado al Convenio 169 de la OIT.

Pero al Estado chileno no le basta con la negación, no le bastan sus políticas de asimilación para hacernos desaparecer como pueblo y terminar siendo una mera pieza de folklore nacional, sino que aplica leyes como la Ley Antiterrorista proveniente de la dictadura de Augusto Pinochet y la Ley de Seguridad Interior del Estado en defensa del capital nacional y transnacional que opera en territorio histórico mapuche. Son precisamente estas empresas turísticas, energéticas, de pesca y sobre todo forestales las que presionan al gobierno para que recurra a estas leyes y se procese de esta manera a autoridades ancestrales y miembros de nuestro pueblo que de manera activa participan de estos procesos.

Ha sido la constante respuesta del Estado chileno a nuestras legítimas demandas. El gobierno aplicó el año 1992 una acusación por asociación ilícita por la que fueron condenados 144 mapuche, caso por el que el Estado chileno fue denunciado ante la Corte Interamericana de DD.HH. A esta situación se suman los innumerables procesos comunes y la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra nuestro pueblo. Debido a esto han pasado por las cárceles chilenas más de 400 mapuche que han debido afrontar procesos llenos de irregularidades y de trágicas consecuencias para los hogares por la ausencia del integrante de la familia, que por lo general es el que aporta el sustento al hogar. Pero sin duda, son los procesos por la Ley Antiterrorista los que, desde el año 2002, han golpeado más duro a nuestro pueblo.

Esta ley permite arbitrariedades de la policía, el pago a los testigos, la prolongación de la incomunicación y detención de los inculpados y la utilización de testigos “sin rostro” que atentan contra las reglas del debido proceso en cualquier país que respete los DDHH. Aún persiste la voluntad política del gobierno de reprimir al pueblo mapuche. Generalmente, nuestros hermanos han sido declarados inocentes en primera instancia, pero luego estos juicios han sido anulados y realizados nuevamente. Este es el caso de los Loncos Pascual Pichún y Aniceto Norín quienes fueron condenados por esta ley a 5 años por “amenaza terrorista”. Esto gracias a que los poderes económicos y políticos con intereses en territorio mapuche, presionan al poder judicial chileno.

Otro caso es el proceso por “incendio terrorista” del Fundo Poluco Pidenko. Nuestros hermanos fueron condenados en primera instancia a 10 años, por lo que se pidió la anulación del juicio y esta fue denegada. Cuatro de nuestros hermanos hoy cumplen condenas por esta causa. Es paradójico como la justicia funciona para unos y para otros no.

El trato racista de los tribunales de justicia y la persecución política de la que somos objeto ha sido denunciado por organismos de DD:HH como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Organización Mundial Contra la Tortura, Roberto Garretón, representante para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Asociación Americana de Juristas y Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de la ONU de Poblaciones Indígenas. Todos estos organismos denuncian la manera en que en Chile se violan los DD.HH de los mapuche, señalando que son luchas sociales y políticas y que de terroristas éstas no tienen nada.

El último juicio concluido en julio del 2005 echó a tierra esta absurda hipótesis del gobierno y del empresariado. En las 2 instancias nuestros hermanos fueron declarados inocentes, pero sólo algunos de los que estaba en el juicio fueron dejados en libertad, porque algunos están injustamente por los 2 juicios anteriores. Así es difícil creer en una justicia que todo el tiempo termina condenando a nuestros hermanos, convirtiendo de esta manera una lucha que es política en mera delincuencia. Aún persiste la voluntad política del gobierno de reprimir al pueblo Mapuche y de los Tribunales de Justicia de seguir procesos por delitos comunes en el futuro. Creemos, desafortunadamente, que es con el fin de nuevamente criminalizar nuestra lucha. Es necesario dar a conocer a la comunidad internacional estos atropellos y arbitrariedades tanto del Estado chileno como del Argentino. En nuestra lucha jamás ha muerto una persona, sin embargo hemos sido nosotros los que hemos recibido los golpes, la represión y la muerte. Por que sí hay caídos, estos son nuestros hermanos: Alex Lemún, Julio Huentecura y Zenón Díaz Necul, Jorge Suarez Marihuán, quienes han sido asesinados y son el reflejo de esta lucha y por quienes seguiremos exigiendo tierra, cultura, justicia y autodeterminación.

Sr. Presidente:

Solicitamos a esta Subcomisión intervenir ante el Estado chileno en defensa de los prisioneros y perseguidos políticos mapuche, trabajando para una amnistía o indulto. Solicitamos a la subcomisión buscar los mecanismos necesarios para condenar y poner fin a la represión, a la violencia estatal y a la violación de los derechos humanos del pueblo mapuche.